"Para establecer un marco jurídico que enfrente el hambre en Nicaragua es necesario un esfuerzo consensuado desde el Parlamento y la sociedad civil"

Tras la Cumbre Mundial de la Alimentación, celebrada en 1996 se constató, a iniciativa de la diputada Dora Zeledón y de diversas organizaciones de la sociedad civil y con el respaldo de varios parlamentarios nicaragüenses, la necesidad de desarrollar una ley nacional que permitiese aplicar en Nicaragua los compromisos acordados en Roma. Se preparó una propuesta de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que está siendo examinada actualmente en la Asamblea Nacional. Tras un largo proceso de estudio y elaboración, en el que el Grupo Temático de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria (DRYSA) apoyó y prestó asistencia a la diputada Zeledón, en enero de 2001 fue presentado el texto final de la propuesta. Dora Zeledón ha explicado a la Red en esta entrevista por qué esta ley es necesaria en su país y cómo la sociedad civil, las instituciones y las agencias de cooperación deben coordinar sus esfuerzos en la lucha contra el hambre.

Propuesta de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Nicaragua Esta propuesta de ley, que se remite a la declaración de Roma de la CMA de 1996 (concretamente al compromiso de aplicar políticas que tengan por objeto erradicar la pobreza y la desigualdad y mejorar el acceso físico y económico de todos en todo momento a alimentos suficientes adecuados e inocuos y a su utilización efectiva), se estructura en cuatro títulos: El primero recoge los fines y principios de la política de seguridad alimentaria, a través de términos como equidad y acceso, participación , integralidad y eficiencia. El título II establece los objetivos de dicha política y enumera una serie de lineamentos para su aplicación: eliminación de aranceles a la importación de maquinaria agrícola, legalización de tierras priorizando al pequeño productor, créditos a la inversión agrícola, sistema de información alimentario, fortalecimiento de las capacidades técnicas, etc. En el Título III se perfilan los organismos encargados de implementar la política y estrategia de seguridad alimentaria: la Comisión Nacional de Alimentos, un comité técnico de seguridad alimentaria y nutricional y diversos comités regionales y locales. La primera está concebida como el organismo ejecutor de la ley. El cuarto y último título prevé la creación de un Fondo Nacional de Alimentos, fruto de la producción y el empleo nacional, que mire a disminuir la dependencia de la ayuda exterior tras situaciones de emergencia.

¿Qué constataciones de la realidad nicaragüense le hicieron plantear la necesidad de una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional?

El 70% de la población de mi país vive por debajo de la línea de pobreza y no dispone de los recursos para poder ingerir las 2.155 calorías que los organismos especializados como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han determinado como necesarios. Nicaragua está desnutrida. Por otro lado el país presenta una gran vulnerabilidad ante los desastres naturales, que afectan a la producción del país. Nicaragua está continuamente amenazada por inundaciones, terremotos, volcanes... Existe una falta de estrategias y políticas públicas para enfrentar esta realidad. En la actualidad existe ya una Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se trabajó paralelamente al Proyecto de Ley, pero no está siendo aplicada. A toda esta problemática tenemos que añadir una crisis en la producción de alimentos, principalmente de granos básicos, que obliga al incremento de las importaciones en detrimento de la producción y del empleo nacional. Tenemos un déficit en la producción de granos básicos que supera el millón de quintales anualmente, lo que agrava la situación de desnutrición de los grupos más vulnerables de la población. El déficit de la producción es de 49.000 toneladas métricas de maíz, arroz y frijoles por año. Todo esto me llevó a constatar la necesidad urgente de un marco jurídico que garantice lo establecido en el artículo 63 de la Constitución de la República: que los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho a estar protegidos contra el hambre.

¿En qué punto del proceso de aprobación se encuentra actualmente la propuesta de ley?

Actualmente el Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional se encuentra en el parlamento siendo examinado por la Comisión de Producción, Distribución y Consumo y por la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto. Estas comisiones tienen que dictaminar conjuntamente el proyecto de ley y a pesar de todos los esfuerzos que hemos venido haciendo, hasta el momento no ha constituido una prioridad para la mayoría parlamentaria que toma las decisiones en el país. En esta dirección habrá que realizar una gran labor durante los próximos meses. La Seguridad Alimentaria debe ser una prioridad en el país y debemos establecer un marco jurídico que obligue a los gobiernos de turno a implementar la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional para no estar sujeto a los vaivenes políticos que azotan el país.

¿Cuáles son los obstáculos que han impedido hasta ahora la aprobación de la ley?

Hay un problema de falta de voluntad política. La ley ya tendría que haber sido aprobada. Yo la preparé consultando tanto a la sociedad civil como a las diversas instituciones del Estado relacionadas con la materia, las que dieron sus aportes. La presión ahora tiene que venir desde el Parlamento, por parte de los diputados y diputadas que apoyan el proyecto de ley y de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con esta problemática, que en Nicaragua son muchísimas.

¿Cuáles son para usted los puntos claves de esta ley? ¿Son algunas medidas como la legalización de tierras y los créditos para la inversión en tecnología agrícola la base de todo el proyecto?

Yo creo que estos puntos forman parte de un andamiaje global que tendrá que construir el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional a la hora de establecer un plan nacional para enfrentar la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Son elementos importantes pero inseparables del resto de la ley. Todas son piezas importantes porque cada uno de ellas tiene que ver con las otras y fueron formuladas cuidadosamente para que, de manera armoniosa y global, se avance en la resolución del problema de la inseguridad Alimentaria y Nutricional en el país.

¿Cuál sería la función de la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que prevé su propuesta?

Sería la instancia ejecutora. Su función sería la de dirigir y coordinar todo el tema de la Seguridad Alimentaria y nutricional en el país. Tendría que emprender una serie de acciones de corto, medio y largo plazo. Cada año tendría que hacer un plan anual con objetivos a cumplir y disponer los recursos para ello. Además debería de formular un plan quinquenal, porque lo establecido en el proyecto de ley, como usted bien sabe, no se puede lograr en un año. La implementación de lo que plantea la ley se realizaría gradualmente, respondiendo a prioridades como el apoyo a los actores más vulnerables y la generación de proyectos que dinamicen la producción de alimentos, el acceso y la calidad de los mismos.

¿Cómo ha participado el Grupo Temático de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria (DRYSA) en la formulación de la Ley?

Han sido muy importantes a nivel de consulta y asistencia. Me han facilitado información durante el proceso de preparación. El proyecto ha pasado por varias etapas para ser mejorado técnicamente, una gran cantidad de personas han participado y trabajado en él. De esta manera recoge las opiniones y planteamientos de diversos sectores del gobierno y de la sociedad civil que trabajan en el tema: la secretaría de acción social, el ministerio de educación, el ministerio de la salud, el ministerio de la familia... y organizaciones de la sociedad civil como el grupo propositivo de cabildeo, el movimiento comunal, comerciantes de granos básicos... Durante el proceso de estudio contamos con el apoyo de UNICEF, FAO y PNUD. Realizamos un estudio, titulado "La Inseguridad Alimentaria: bases para una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional", que fue financiado por UNICEF y luego la FAO nos apoyó para revisar la parte más técnica del Proyecto de Ley, con dos consultores y para hacer algunas revisiones puntuales. En definitiva, hemos venido consultando a todos estos actores, pidiéndoles su opinión y existe ya un respaldo unánime y un consenso sobre la necesidad de esta ley. Lo que ocurre es que, como en este país no existe una verdadera política agrícola, no existe tampoco una disposición del Gobierno a invertir en producción alimentaria, tanto en el campo como en la ciudad, como tampoco de invertir en salud, educación... en todo lo "social" por aquello de que hay que adecuarse a los ajustes estructurales. Por esto esta ley no ha sido priorizada hasta ahora. Actualmente, contamos con un nuevo Presidente de la Comisión de Producción, Distribución y Consumo que la está apoyando y esperamos que contribuya decididamente para lograr su aprobación.

¿Se han realizado cálculos económicos sobre cuánto costaría la implementación de la Ley?

Esta sería una de las tareas de la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, establecer cuántos recursos son necesarios para el fomento del crédito, para elevar los niveles de producción, etc. y todo eso año tras año. Habría que ver qué prioridades establece el Gobierno durante el primer año después de la aprobación de la ley. Los recursos necesarios para la implementación vendrían del Gobierno, los organismos de cooperación, que nos van a ayudar en esto, y las actividades propias que, con el apoyo del Gobierno, pueden iniciar los sectores privados y los Gobiernos Municipales.

En el apartado dedicado al Fondo Nacional de Alimentos habla de una redefinición de la ayuda alimentaria según los patrones nacionales ¿En qué consiste exactamente esta redefinición?

Nosotros creemos que hay que cambiar de estrategia: en lugar de que este país sobreviva gracias a todas las donaciones de alimentos que siguen a crisis y desastres naturales, creemos que es necesario crear las condiciones para establecer un fondo nacional de alimentos, fruto de la propia producción nacional y en función de las necesidades previstas. En este sentido, tenemos que crear una capacidad instalada para tener una reserva de alimentos que pueda ser administrada sin depender de las situaciones de emergencia. Debe crearse la infraestructura necesaria para ello que, lógicamente, podrá ser complementada con las donaciones que pueden llegar de otras partes, ya sea en recursos materiales, humanos o financieros, pero siendo siempre conscientes de que, más que de que nos manden alimentos, de lo que se trata es de crear las condiciones para producir y generar empleo. Como dicen aquí, no queremos que nos den el pescado sino que nos enseñen a pescar. Se trata de crear habilidades de producción pesquera, agrícola, ganadera, industrial. Potenciar la producción nacional, que a su vez potenciará el empleo e irá sacando al país de la situación de pobreza. La inversión en la producción de alimentos, en el campo y en la ciudad, fomenta empleo, mejora la economía. No se trata de una pobreza que pueda ser resuelta a base de donaciones.

¿Para cuándo cree que podrá ver la ley aprobada?

Si no hay mayores contratiempos, yo creo que tendrá que ser aprobada en el primer semestre de este año. Siempre y cuando le den prioridad en la agenda parlamentaria. Para ello se requiere la presión de la que hemos venido hablando hasta ahora.

Al margen de la aprobación de esta ley, ¿qué potenciliadades ve en DRYSA para trabajar en Nicaragua?

Creo que podría visibilizarse más. Puede jugar un papel muy importante en la medida en que logre visibilizarse como sujeto colectivo ante el Gobierno y ante las agencias de cooperación. Tiene que centrarse en los problemas macro que existen en el país. Y una de las tareas que tiene ahora es la de impulsar este proyecto de ley, de manera que exista un marco jurídico para que se cumpla lo establecido por el artículo 63 de nuestra constitución. DRYSA puede brindar los conocimientos que posee para formular propuestas integrales para que esta ley sea aplicada. Y, una vez aprobada, DRYSA tiene que implicarse en las labores de seguimiento, tiene que asegurarse de que la está ejecutando el gobierno al que le corresponda. Es un trabajo largo. Hay que empezar ya, ahora. Yo me pongo desde este momento a su disposición para trabajar con ellos.